El pasado miércoles 10 de septiembre de 2025, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional abrió sus puertas para recibir criterios técnicos sobre el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, una normativa que busca reformar la actual Ley de Transformación Digital y Audiovisual.

Durante la sesión, especialistas coincidieron en que la propuesta representa un avance, pero también expusieron vacíos que podrían comprometer su aplicación práctica en un país con limitadas capacidades tecnológicas.

El ingeniero Héctor Gordón, magíster en seguridad informática, señaló que la norma plantea una arquitectura legal ambiciosa, aunque poco aterrizada en la realidad nacional. “Ecuador no dispone aún de la infraestructura ni del talento humano suficiente para enfrentar ciberataques de gran escala. Es urgente definir qué se entiende por infraestructura crítica y establecer parámetros mínimos de protección digital”, remarcó. También sugirió la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional y protocolos de respuesta inmediata frente a incidentes, dado que actualmente el país carece de un centro nacional de ciberseguridad con plenas facultades.

En 2023, la Policía Nacional registró más de 14.000 denuncias de delitos informáticos, principalmente fraudes electrónicos y robo de datos, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. Estos números reflejan la creciente exposición de ciudadanos y empresas a amenazas cibernéticas, lo que refuerza la preocupación de los expertos.

Por otro lado, la abogada Lorena Naranjo, especialista en protección de datos, advirtió que la reforma corre el riesgo de generar contradicciones normativas. Recordó que el artículo 1 de la Ley de Transformación Digital ya establece la obligación de resguardar la información de los ciudadanos. “Las instituciones públicas y privadas manejan información sensible, tanto personal como corporativa. Si no se articula de manera clara la labor del Ministerio de Telecomunicaciones con la Superintendencia de Protección de Datos Personales, podríamos enfrentar choques de competencias que debiliten la protección jurídica”, afirmó.

La presidenta encargada de la comisión, Carolina Dueñas, dispuso que las observaciones de los expertos sean entregadas por escrito para enriquecer el informe previo al segundo debate en el Pleno. La legisladora subrayó que la prioridad es que la norma no quede en el papel, sino que permita al Estado y a la sociedad civil enfrentar con eficacia las crecientes amenazas en el ciberespacio.